Superficie:
1.562 km2 ; Población: 812.000 habitantes Capital:
Las Palmas de Gran Canaria (378.000 habitantes). Otras
ciudades: Telde, Vecindario, Maspalomas, Arucas, Gáldar...
Gran Canaria juntamente con las islas de Fuerteventura y
Lanzarote integran la provincia de Las Palmas dentro de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Actualidad informativa de los Tribunales de
Justicias
Redacción
Región Canarias
Digitalización
de Registros Civiles
Redacción
En el plazo
aproximado de un mes, el Registro
Civil de Las Palmas procederá a la
digitalización de sus libros, que
comprenden nacimientos, matrimonios,
defunciones y tutelas. Esta
digitalización abarcará desde 1950
hasta octubre de 2006, fecha en la
que comenzaron a funcionar los
libros informatizados. La facilidad
con la que se podrá acceder a los
datos por parte de los funcionarios
del Registro redundará en un
servicio más rápido y eficiente a la
ciudadanía.
Asimismo, hay que
señalar que el Juzgado de Instancia
Nº6, en el que se encuentra el
Registro Civil, se dedicará en
exclusiva a las tareas de dicho
Registro a partir del día 1 de
enero.
Por su
parte, el Decano de Santa Cruz de
Tenerife ha comunicado que el
Registro Civil de ese partido
judicial también comenzará a
digitalizarse en breve. El Juzgado
de Primera Instancia Nº 10 (de nueva
creación) se dedicará en exclusiva a
las tareas del Registro Civil,
relevando al Juzgado de Primera
Instancia Nº 7.
VISITA DEL VOCAL DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El próximo lunes, día
10 de noviembre, a las 11’00, las
dos Vocales territoriales y
delegadas por Canarias del Consejo
General del Poder Judicial,
Inmaculada Montalbán Huertas
(Presidenta del Observatorio contra
la Violencia Doméstica) y Concepción
Espejel Jorquera, se reunirán con la
Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
Posteriormente, ofrecerán una rueda
de prensa a los medios de
comunicación.
A las 13’00 visitarán
al Fiscal jefe de la Comunidad
Canaria, Vicente Garrido García, y a
las 14’30 se reunirán con el
Consejero de Justicia del Gobierno
de Canarias, José Miguel Ruano León,
la Viceconsejera de Justicia,
Carolina Déniz de León y la
Directora General de Relaciones con
la Administración e Justicia, María
Dolores Alonso Álamo. A las 17’00
mantendrán una reunión con el
Consejero de Justicia.
Finalmente, el
martes, día 11, visitarán a los
jueces y magistrados de Las Palmas
de Gran Canaria, y a las 13’00 se
reunirán con el Presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero
Baute.
TRES AÑOS DE LEY INTEGRAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA RESPUESTA
JUDICIAL HA MEJORADO.
Más de 126.000 denuncias por
maltrato se presentaron en 2007 ante
los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, cifra que tiende al alza en
2008.
Desde su entrada en
funcionamiento, los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer acordaron
84.000 órdenes de protección, un 75
por ciento de las solicitadas.
En los tres años de aplicación de
la Ley integral, casi 80.000
acusados fueron condenados por
violencia de género.
Inmaculada Montalbán, Presidenta
del Observatoriocontra la
Violencia Doméstica y de Género del
C.G.P.J. destaca que “la respuesta
judicial contra la violencia de
género es más rápida y efectiva”.
La Presidenta del Observatorio
subraya “la imperiosa necesidad de
generalizar la implantación de los
recursos previstos en la Ley
integral”.
Redacción
La
mejora del sistema de justicia penal
español frente a la violencia de
género, la mayor información de las
víctimas acerca de sus derecho y una
mejor coordinación con el resto de
las instituciones son, en opinión de
la vocal Montalbán, los principales
aspectos del balance que puede hoy
hacerse de los tres primeros
años de aplicación de la Ley
integral y, en especial, de
los tres años de funcionamiento de
los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.
DENUNCIAS
Según
datos del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género,
desde enero de 2.007, fecha a partir
de la cual se obtienen cifras
estadísticas, se aprecia un
incremento en el número de denuncias
que llegan a los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer. En
efecto, a lo largo de 2.007 se
presentaron ante estos Juzgados un
total de 126.293 denuncias, lo que
supone una tasa de 54,4 denuncias
por cada 10.000 mujeres, cifra que
tiende al alza en el presente año,
pues en el primer semestre de 2.008
ya se han presentado 71.022
denuncias por maltrato.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Cabe
destacar asimismo que se solicitaron
ante los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, en el referido período de
tres años de aplicación de la Ley
integral y de entrada en
funcionamiento de estos órganos
judiciales, 112.081 órdenes de
protección, de las que se acordaron
83.968, lo que representa un 75 % de
las solicitadas.
A
estas cifras hay que añadir la de
21.885 órdenes de protección
solicitadas ante los Juzgados de
Instrucción en funciones de guardia,
actuando en sustitución de los
Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, fuera de las horas de
audiencia de éstos, entre enero 2006
-inicio del período en que se recoge
este dato- y 30 de junio de 2008.
El
plazo de las 72 horas para la
decisión sobre la estimación o
desestimación de las peticiones de
órdenes de protección se cumple con
normalidad por los órganos
judiciales.
Casi
un 80% de los jueces y juezas de los
JVM consideran que mantienen una
buena coordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, según el
resultado de una encuesta dirigida a
titulares de JVM.
ÁMBITO PENAL
En los
tres años de funcionamiento de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
(desde el 29 de Junio de 2005 hasta
el 30 de Junio de 2008) se
celebraron en ellos 59.376 juicios
en materia penal.
Por su
parte, en el período comprendido
entre el 1 de enero 2006 -inicio del
período en que se recoge este dato-
y el 30 de junio de 2008, se han
celebrado 55.446 juicios en los
Juzgados de lo Penal y otros 581, en
única instancia, en las Secciones
Penales Especializadas de la
Audiencia Provinciales.
Según
los datos del Observatorio, el total
de condenados en la jurisdicción
penal durante los tres primeros años
de funcionamiento de los Juzgados de
Violencia Sobre la Mujer asciende a
78.594, teniendo en cuenta que en
esta cifra se incluyen asimismo los
condenados desde el día 1 de enero
de 2006 por los Juzgados de lo Penal
y por las Audiencias Provinciales.
Estos datos se desglosan de la
siguiente manera:
a) De
los 59.376 juicios celebrados en los
Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, 46.921 terminaron en condena,
lo que supone el 79 % del total,
contabilizando juicios por delitos y
por faltas. De ellos, 35.998
condenas lo han sido en juicios por
delitos (de conformidad con el
acusado y su defensa) y 10.923 en
juicios de faltas (vejaciones
injustas e injurias leves).
b) Los
Juzgados de lo Penal (entre enero de
2.006 y junio de 2.008) dictaron
55.446 sentencias en juicios por
delitos de violencia de género. De
ellas, 31.179 fueron condenatorias
(un 56,23 %) y 24.267 absolutorias.
c) Las
Secciones Penales Especializadas de
las Audiencias Provinciales dictaron
en los dos años y medio –período de
recogida de estos datos- 581
sentencias en única instancia,
siendo un 85,03 % de ellas,
condenatorias (494).
ASUNTOS
CIVILES
La
tendencia al alza también se refleja
en el ámbito civil, donde en los
tres primeros años de funcionamiento
de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, ingresaron 40.491
procedimientos, mayoritariamente
separaciones y divorcios. El número
de procedimientos registrados pasó
de 1.286 en el tercer trimestre de
2005 a 4.996 en el segundo trimestre
de 2008. Se dictaron en este período
13.820 sentencias civiles.
En los
tres años, los JVM han dictado un
total de 13.820 sentencias de las
que un 98,57 % han sido
estimatorias.
DATOS SOCIOLÓGICOS
Finalmente, como dato sociológico,
cabe apuntar que respecto a la
nacionalidad de las víctimas, se
mantiene el incremento paulatino de
mujeres extranjeras solicitantes de
órdenes de protección que pasa de un
30,20%, en el tercer trimestre de
2.005, al 36,9% en el segundo
trimestre de 2.008, el porcentaje
más alto de cada uno de los 12
trimestres considerados.
En
cuanto a la nacionalidad de los
imputados, se observa una oscilación
similar en cuanto a la incidencia de
extranjeros, que pasa del 30,20 %,
en el tercer trimestre de 2005, al
35,58 % en el segundo trimestre de
2008.
VALORACIÓN DE INMACULADA MONTALBÁN,
PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
Para
Montalbán, las anteriores cifras
“revelan que ha mejorado la
respuesta del sistema de justicia
penal contra la violencia de género
en el ámbito de la pareja. La
especialización de los órganos
judiciales y de las Fiscalías ha
permitido una respuesta judicial más
eficaz, rápida y una mejor
coordinación institucional; así
resulta, entre otros extremos, del
número de juicios celebrados, datos
de Órdenes de Protección concedidas
y sentencias condenatorias. Esto se
traduce, además, en una mayor
confianza en la Administración de
Justicia por parte de las víctimas,
que están más informadas de sus
derechos y denuncian cada vez más
las violencias, de manera destacada
las mujeres inmigrantes”.
No
obstante, añade, “para asegurar una
adecuada respuesta judicial en todo
el territorio, resulta necesario
fortalecer y extender los recursos
previstos en la Ley Integral. Tal es
el caso de la conversión en Juzgados
Exclusivos de aquellos JVM
Compatibles que presentan sobrecarga
de trabajo; la implantación de
servicios de guardia en las grandes
poblaciones; además de las Oficinas
de Atención a las Víctimas y de las
Unidades de Valoración Forense
Integral en los partidos judiciales
que carecen de ellas”.
La
Presidenta del Observatorio subraya
que “debemos perfeccionar los
mecanismos de protección de las
víctimas y asegurar la efectividad
de las órdenes de alejamiento, tanto
a través de informes técnicos de
valoración del riesgo como con los
mecanismos electrónicos de
vigilancia de los presuntos
agresores y de los condenados. De
otro lado, han de generalizarse en
todo el territorio los programas de
tratamiento y rehabilitación
previstos por la Ley Integral para
los condenados por estos delitos”.
Montalbán afirma que resulta
imprescindible conseguir una
formación especializada del personal
de la Administración de Justicia. La
violencia sobre la mujer en el
ámbito de la pareja es un fenómeno
criminal que tiene unas causas
estructurales y presenta unas
características específicas que han
de ser conocidas y comprendidas,
pues solo así se podrá responder de
manera adecuada ante la vulneración
de derechos fundamentales que esta
violencia de género supone”.
“La
ley Integral – concluye- es un buen
instrumento que debemos seguir
evaluando, dada la consistencia y
resistencia del factor cultural en
la eliminación de la violencia sobre
las mujeres Su evaluación periódica
permitirá reforzarla con nuevas
propuestas y, de esta manera, seguir
avanzando en la mejora de la
respuesta institucional.
El
presidente del TSJC, Antonio Castro
Feliciano será condecorado por la
Guardia Civil
Redacción
En este lunes, día 3
de noviembre, a las 13:00 horas, el
presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Antonio Castro
Feliciano será condecorado con la
Cruz de Plata de la Orden del Mérito
del Cuerpo de la Guardia Civil.
El acto de imposición
de la cruz la llevará a cabo el
general jefe de la Zona de la
Guardia Civil de Canarias, Miguel
Martínez García y tendrá lugar en el
acuartelamiento de la comandancia de
la Guardia Civil en Las Palmas de
Gran Canaria.
Redacción
Excmo. Sr. PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO DE CANARIAS: La
Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife le agradece que esté con
nosotros en este acto institucional
de apertura del año judicial
2008-2009
Excmo. SR. CONSEJERO
DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD
del Gobierno de Canarias, es para
nosotros una satisfacción contar
hoy, una vez más, con su presencia.
Excmos. Sres.
Diputados a Cortes, Senadores y
Diputados del Parlamento de
Canarias.
Ilmo. Sr. Subdelegado
del Gobierno en Santa Cruz de
Tenerife.
Excmas. e Ilmas.
Autoridades Civiles, Militares,
Académicas y Eclesiásticas,
agradecemos a todos su interés por
acompañarnos en este acto.
Excmos. e Ilmos.
Sras. y Señores miembros de las
instituciones aquí presentes y de
los distintos Colegios
profesionales, Abogados,
Procuradores y Graduados Sociales,
Abogados del Estado, Notarios y
Registradores de la
Propiedad.
Queridos compañeros
de la Magistratura y de la Carrera
Fiscal, Sres. Secretarios
Judiciales, Médicos Forenses; Sres.
miembros de los Cuerpos Auxiliares
de la Administración de Justicia que
nos acompañan; un saludo especial
para los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad que tanta
colaboración han prestado y prestan
a la Administración de Justicia,
En fin, estimados
amigas y amigos:
El Consejo General
del Poder Judicial ha querido un año
más que, tras la apertura solemne
del año Judicial en la sede del
Tribunal Supremo, bajo la
Presidencia de S.M el Rey ( una
tradición cuyo primer antecedente se
encuentra en una Real Cédula del Rey
Carlos IV de 1790, que ordenaba ya
la lectura de las Ordenanzas del
Consejo de Castilla en su primera
sesión anual, conforme a la
costumbre existente en el Consejo de
Indias), y tras la que ha tenido
lugar en los Tribunales Superiores
de Justicia de las Comunidades
Autónomas, se celebre otro acto
similar en las sedes de determinadas
Audiencias Provinciales y, entre
ellas, en la de Santa Cruz de
Tenerife. Con ello se da especial
relevancia a éstas en el ámbito
jurisdiccional y se pretende un
acercamiento de la Administración de
Justicia a los ciudadanos de este
territorio a través de las más altas
instituciones que los representan.
Apenas faltan unas
semanas para que nuestra
Constitución cumpla treinta años. Su
Título VI está dedicado al Poder
Judicial y comienza estableciendo
que La justicia emana del pueblo y
se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del
poder judicial, independientes,
inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de
la Ley. Pues bien, pese a ese largo
tiempo transcurrido, todavía son
muchas y relevantes las reformas
pendientes en nuestra Administración
de Justicia. Los Jueces,
Magistrados, Fiscales, Secretarios
Judiciales y funcionarios hemos de
afrontar, en los próximos años,
importantes retos derivados de las
reformas legislativas anunciadas
desde hace tiempo.
Uno de los primeros
que hemos de abordar es, desde
luego, el de la implantación del
nuevo modelo de oficina judicial,
diseñado en la Ley Orgánica del
Poder Judicial en su reforma de
2003, pero pendiente aún de
desarrollo. Ello ha de suponer un
cambio en el procedimiento
tradicional de trabajo en la
Administración de Justicia,
introduciendo una distribución más
racional de las funciones de todos
los agentes, que permitirá al
ciudadano acceder de forma más
sencilla y rápida a este servicio.
Otro de los asuntos
que tenemos que abordar, con total
decisión, es el pleno desarrollo de
las tecnologías de la información en
los procedimientos judiciales. El
Libro Blanco de la Justicia de 1996,
así lo reconoció, como lo hizo
también el Pacto de Estado para la
reforma de la Justicia de 2001, que
apostó de forma decidida por su
incorporación paulatina a la
actividad judicial. La Legislación
Procesal y Orgánica ha dado soporte
legal al uso de dichos medios en el
campo de la documentación de juicios
y vistas, por ejemplo, como en el de
la transferencia de documentos,
práctica de declaraciones por
videoconferencia o realización de
comunicaciones. El terreno avanzado
ha sido, en este ámbito, muy grande,
y ello ha contribuido a reforzar la
imagen de nuestra justicia. Pero aún
es necesario conseguir una Justicia
totalmente informatizada, donde –
por un lado -los Abogados y
Procuradores dirijan sus demandas a
los Tribunales en formato
electrónico, desterrando
progresivamente el soporte papel de
los procesos judiciales; y, por
otro, se permita la interconexión de
datos de interés judicial en todo el
territorio nacional y la activación
de alertas en la gestión de los
procedimientos.
Otro reto es el que
se deriva de la anunciada Reforma
del Proceso Penal. Nuestra más que
centenaria Ley de Enjuiciamiento
Criminal se enfrenta a un proceso de
reforma, cuyo contenido no se conoce
más que parcialmente, y en el que se
habrá de definir el perfil
estructural del proceso penal para
el siglo en el que nos encontramos,
y el papel que en él corresponde al
Ministerio Fiscal.
En el desarrollo de
tales iniciativas no se puede
olvidar que nuestra Justicia, tiene
una gran complejidad. Es, hoy, una
amalgama de Instituciones y Órganos,
en la que participan, en diferentes
niveles de actuación, decenas de
miles de servidores públicos. A la
expresada complejidad contribuye
también la diversidad de fuentes de
poder de la que dependen hoy
nuestros Tribunales, en cuyo
gobierno y administración están
implicados, junto al Consejo General
del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia y la Comunidad Autónoma.
Huelga decir que, el más perfecto
funcionamiento de ese engranaje
exige el máximo compromiso de todos
aquellos que coadyuvan a la decisión
del juez. La consecución de la
Justicia, es uno de los valores
superiores del ordenamiento
jurídico, de acuerdo con el Art. 1
de la Constitución. Es preciso
lanzar a la sociedad un mensaje de
confianza en esa labor. Gozamos de
una Judicatura competente y eficaz.
Así deben saberlo los ciudadanos,
como garantía del Estado de Derecho.
Si durante los
últimos años uno de los mayores
retos al que han tenido que hacer
frente los órganos judiciales de
esta Provincia, fue el derivado de
la inmigración irregular, ha de
ponerse de relieve que, durante 2007
se produjo un notable descenso en la
misma –en relación al año anterior-
en el que el sobreesfuerzo en
diversos órganos jurisdiccionales,
especialmente Juzgados de
Instrucción de Arona, Granadilla y
Valverde del Hierro y las Secciones
Penales de esta Audiencia, fue
considerable.
. Por los datos
proporcionados por los distintos
Secretarios Judiciales del
Territorio, los inmigrantes
llegados a nuestras costas
descendieron en más de un 50 por 100
con relación al pasado año, con lo
que los Juzgados de Instrucción
afectados, se vieron sensiblemente
aliviados en la carga de trabajo;
descenso que se traduce en la mejora
del rendimiento en otras materias.
Se ha de resaltar que
los órganos judiciales canarios han
alcanzado en el último año una tasa
de resolución sólo superada por tres
Comunidades Autónomas, y ello pese a
la movilidad, ya endémica, de
Jueces, Magistrados y Secretarios
Judiciales, lo que ha hecho
descender el número de asuntos
pendientes de resolver. Se ha
mejorado considerablemente con
respecto a años anteriores. Queda
mucho por hacer, pero la alta
litigiosidad de nuestro Territorio
(el cuarto en el conjunto nacional)
nos obliga a un sobreesfuerzo
importante para ir mejorando en el
servicio a los ciudadanos.
Las medidas de
refuerzo acordadas por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia y aprobadas por el Consejo
General del Poder Judicial, con el
decidido apoyo a efectos económicos
del Ministerio de Justicia y de la
Consejería de Presidencia y Justicia
de la Comunidad Autónoma, están
dando sus frutos, y esperamos que se
traduzcan en la próxima estadística
anual en una disminución
considerable de la tasa de pendencia
en nuestros órganos judiciales.
El volumen de ASUNTOS
PENALES REGISTRADOS POR LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
revela un incremento constante y
progresivo desde hace años, hasta el
punto de que los Magistrados de este
orden viene duplicando el módulo de
trabajo anual considerado como
óptimo, y asumen porcentualmente,
una de las mayores cargas de
trabajo de toda España, en concreto
son las segundas de mayor
laboriosidad.
Ello hace
necesario, tras la creación de una
Tercera Sección Penal, dotar a cada
una de ellas de un Cuarto Magistrado
y, en tanto ello se alcanza,
mantener e incluso incrementar las
medidas de refuerzo que en algún
modo vienen paliando la situación
descrita, que si no ha llegado a ser
crítica, ha sido, sin duda, por la
labor de los Magistrados, Fiscales,
Secretarios Judiciales y
funcionarios que han actuado
siempre, conscientes del grave
problema que la misma representa.
En el
ORDEN CIVIL, las tres Secciones
existentes en esta Audiencia, como
consecuencia del esfuerzo y
dedicación de los Magistrados que
las integran, disminuyeron en el año
2007 los asuntos en trámite,
dictando más de 2.000 resoluciones
definitivas, obteniendo un alto
grado de eficacia, reconocido
expresamente por el Servicio de
Inspección del Consejo General del
Poder Judicial, lo que nos ha de
producir legítima satisfacción.
A nadie escapa el
creciente incremento de actividad en
determinados Registros Civiles del
Territorio; por ello, La Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia en Acuerdo número
219/2008, y a la vista de la
comunicación recibida de la
Magistrada Juez Encargada del
Registro Civil de Santa Cruz de
Tenerife, en la que se ponía de
manifiesto el volumen de trabajo que
soporta, adoptó la correspondiente
resolución, considerando la
necesidad de un Registro Civil
exclusivo. A tal efecto se han
realizado las gestiones oportunas
con las instancias adecuadas, de
modo que, a partir del día 1 de
enero de 2009, el Registro Civil de
esta Capital tendrá tal carácter de
exclusividad, manteniéndose los dos
Juzgados de Familia y habiéndose
adquirido los compromisos necesarios
para la pronta creación de un nuevo
Juzgado de Primera Instancia.
Sin olvidar la
urgencia de crear un nuevo órgano
judicial en el Partido de La
Orotava, es en el Partido Judicial
de Santa Cruz de Tenerife donde
encontramos las mayores necesidades
de creación de órganos judiciales:
En el Orden
contencioso-administrativo ha de
destacarse que los Juzgados
existentes han venido experimentado
los últimos años un crecimiento
constante del número de asuntos
ingresados, y hasta hace poco el
tiempo de respuesta era
relativamente razonable; sin
embargo, tras la reforma del marco
competencial de 2004, se ha
producido una situación que debe ser
calificada como preocupante.
Todo lo expuesto
revela un aumento de la carga de
trabajo de los Juzgados
contencioso-administrativos, no sólo
por el incremento del número de
asuntos, sino también por la
complejidad de los mismos, derivada
de la nueva atribución de
competencias, que sólo puede
solucionarse con la creación de, al
menos, un nuevo Juzgado.
En el Orden civil se
hace imprescindible, también, la
creación de un nuevo Juzgado de
Primera Instancia. La evolución del
número de asuntos ingresados, a
pesar de la alta tasa de resolución,
pone de manifiesto esta necesidad.
Para ello basta analizar la
estadística correspondiente a los
años pasados y la previsión del
presente. Realizando la oportuna
proyección se obtiene un resultado
previsto para el año 2008 de una
cifra media por Juzgado superior a
1.500 asuntos.
Se estima
también necesaria, para atender el
paulatino incremento de asuntos de
la zona sur de la Isla de Tenerife,
la creación de un nuevo Juzgado de
lo Penal con competencia para el
enjuiciamiento de los asuntos de los
partidos de Arona y Granadilla, sin
perder nunca el carácter de órgano
provincial, para que cuando las
necesidades así lo aconsejen, la
Sala de Gobierno pueda atribuirle el
conocimiento de otros asuntos, o
restringirlos, interviniendo en tal
caso también los Juzgados con sede
en Santa Cruz de Tenerife, si su
situación se lo permitiera.
EN EL
ORDEN SOCIAL resulta también
imperiosa la creación de, al menos
un nuevo Juzgado, pues el número
asuntos por cada uno de los
existentes sigue superando lo
previsto como carga máxima para cada
Juzgado de lo Social, según el Libro
Blanco de la Justicia y por
supuesto supera también, con creces,
la media nacional de asuntos
ingresados en los Juzgados de este
orden jurisdiccional en España.
La
situación de necesidad de creación y
concentración de los Juzgados de lo
Social se acentuará en momentos en
que se constata la situación de
crisis económica.
No
podemos dejar de manifestar en este
acto la importancia que para el
mejor funcionamiento de la Justicia
en esta Provincia ha de suponer la
implantación de los Servicios
Comunes Procesales.
