En consecuencia, resulta legítimo el pulso que mantienen con el Gobierno de Canarias. Pero por encima de esa legitimidad laboral, está el derecho constitucional a la huelga de cualquier ciudadano español. Y digo esto no porque observe, sobre todo en foros de anónimos internautas, las críticas que reciben simplemente por ejercer un derecho. Para nada; lo digo porque percibo una hostilidad indetectable cuando están de huelga bomberos, médicos, policías, portuarios, celadores, barrenderos, funcionarios de justicia, periodistas, camioneros o azafatas. Es más, en todos estos casos, la opinión pública mayoritariamente apoya las demandas de estos colectivos.

¿Por qué en el sector de la Educación no se concita ese respaldo casi unánime?

Posiblemente por un motivo principal: está en juego la educación de miles de niños. Y para los padres – entre los que me incluyo, y se incluyen los docentes que también son padres ­–, la educación de sus herederos es una de sus prioridades vitales. Con todo, hay padres que piensan que los institutos son guarderías y así pasa lo que no debería de pasar, bajo ningún concepto, si tuviéramos un Gobierno que otorgara a la Educación la importancia real que tiene en el tejido de una sociedad adulta. Aprovechando este escenario, el Gobierno autónomo, con una pirómana con voz de adolescente repipi, aviva la llama de la zozobra en las que están inmersos muchas mamás y papás de las islas, manipula a los progenitores con cartas preñadas de falacias, y encima pagadas con nuestros impuestos, y les da alas con la posibilidad de alargar el curso. Por cierto, consejera, ¿qué docentes impartirán las clases en julio, los que no han ido a la huelga, los que sí han secundado los paros y ya les ha descontado su salario o contratará a maestros en paro? Hay que ser demagoga y antidemocrática por no respetar el derecho constitucional a la huelga. Y otro derecho constitucional que no respeta la inefable Brito es el de la libertad de expresión: ha prohibido pasquines informativos en los centros.

La consejera Milagros Luis Brito, que ya ha pasado a la historia por su nefasta labor al frente de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ahora se está cubriendo de gloria por su incapacidad para reconducir un conflicto que está dañando a uno de los dos pilares más importante de la sociedad: La Educación y la Sanidad. Podrán fallar otras cosas, pero la salud y la formación de los menores son sagradas.

Antaño, el médico, el maestro y el guardia – perdonen por usar el masculino – eran gente respetada y respetable. Ahora, los profesores no tienen la relevancia social que merecen. Culpa de ello la tienen los gobiernos y también algunos padres. El oficio de maestro es muy duro, y eso lo debería de saber los padres porque si nos cuesta enderezar a nuestros herederos en casa, imaginen a una veintena de mozalbetes en clase. Además, los maestros trabajan prácticamente todas las tardes, bien en los centros o en sus casas. Esto es lo que hay. Y la culpa del fracaso escolar no está en las aulas, sino en la ausencia de políticas sociales que estructuren y dinamicen a las comunidades en los barrios más conflictivos de nuestras ciudades. Y esto no es una opinión sino realidad: la prueba es que el fracaso escolar se detecta en esas zonas desestructuradas.